No es común ver en el campo de juego de un estadio del fútbol argentino a un hombre armado. Un arma de fuego está fuera de contexto entre futbolistas, entrenadores y dirigentes. Una pieza que no encaja, pero que en raras ocasiones aparece para distorsionar la imagen. El último 7 de septiembre, el árbitro Andrés Merlos denunció que había sido amenazado por un hombre armado con una pistola que sería custodio de Andrés Fassi, el presidente de Talleres de Córdoba, en el vestuario del estadio Malvinas Argentinas
Fue tras el partido por los octavos de final de la Copa Argentina en el que Boca eliminó por penales a la T. El desencadenante fue el reclamo -exagerado- de Fassi por el arbitraje de Merlos, que concedió un gol de Boca cuando la pelota pareció haber salido del campo de juego en la acción previa a que Brian Aguirre la impulsara al arco.
Lo de Fassi pareció más una excusa telonera para lo que vendría después: una extensa conferencia de prensa en la que apuntó contra el presidente de la AFA, Claudio Fabián Tapia. Se trata de una disputa de poder en medio de un clima enrarecido por la intención del Presidente de la Nación, Javier Milei, de imponer la figura de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino. Chiqui no se expresó sobre el tema. El agua corrió y este jueves, mientras la Selección Argentina jugaba en Venezuela, la AFA publicó una durísima sanción de dos años para Fassi.
Por ahora, el episodio en el vestuario en Mendoza no fue esclarecido. Fassi adujo que Merlos lo había agredido físicamente y que lo del custodio y el arma eran puras patrañas. Merlos, que es miembro de la Fuerza Aérea Argentina y se desempeña como mecánico de aviones y tripulante de los Mirage, no volvió a referirse al tema. Sin embargo, para él no era la primera vez que se veía involucrado en un escándalo en un estadio de fútbol con armas de fuego.
El Lanús vs Arsenal de 2014, con Merlos y una pistola sobre el césped
El 7 de noviembre de 2014, en el estadio de Lanús, el local recibió a Arsenal por el torneo local. Guillermo Barros Schelotto era el entrenador Granate y Martín Palermo el de la visita. El Arse, que no había conseguido ganar como visitante en el campeonato, estaba 2-1 arriba en el marcador cuando el reloj se consumía. Pero Merlos decidió dar 5 minutos de adición, una exageración para la época.
Lanús alcanzó el empate y Palermo protestó contra el árbitro, que lo expulsó. Por el incidente, decidió agregar un minuto más. Pero aunque se había agotado, le dio continuidad al juego. Y en el noveno minuto agregado, Lautaro Acosta puso el 3-2. Fue un escándalo: toda la delegación de Arsenal de Sarandí saltó al campo de juego para increpar al árbitro.
Fueron más de diez minutos de insultos y reproches, mientras Merlos intentaba abandonar la cancha por el túnel inflable. Hasta aquí -más allá de la tensión y del papelón del final- nada fuera de lo que habitualmente pasa cuando un equipo se siente perjudicado por un árbitro. Lo extraordinario ocurrió segundos después, en la boca del túnel.
Martín Palermo (ese día cumplía 41 años, hoy tiene 50) que ya estaba alterado, pasó a estar desencajado cuando un hombre de camisa celeste y pantalón de jean lo amenazó con un arma 9 milímetros reglamentaria cuya culata se dejaba ver en su cintura.
Se trataba de Esteban Rodrígo Juárez, un miembro de la Policía Federal e hijo de Luis Juárez un ex oficial que trabajaba ad honorem como encargado de la seguridad del club. Quien tuvo que salir a dar explicaciones sobre su presencia en el campo de juego fue Alejandro , por entonces presidente de Lanús.
«Juárez no es un civil que ingresó sin control al campo de juego ni tuvo una situación de violencia. Tampoco es custodio mío como se dijo. Yo vivo en Lanús hace muchos años y vivo a 20 cuadras del club. No encuentro necesario tener custodia. Juárez dice que lo que se refleja en la imagen es un arma descargada y que es algo habitual en el personal que se encuentra en los espectáculos deportivos», justificó Marón.
Días después, la Policía Federal abrió una investigación y pasó a «disponibilidad» a Juárez. Es que desde la muerte de Javier Gerez, un hincha de Lanús, ocurrida el 10 de junio de 2013 en el estadio Unico de La Plata, las fuerzas de seguridad bonaerenses no pueden portar armas dentro de los estadios ni en las adyacencias (sí lo hacen cuerpos como la guardia de Infantería afectada a los operativos a varias cuadras de distancia). Gerez había sido asesinado de un balazo de goma que le dio en el abdomen y el proyectil partió del arma del capitán Roberto Lezcano quien disparó a una muy corta distancia.
Se supo tiempo después por fuentes de la Policía Federal que si bien el personal de franco (Juárez no estaba en servicio sino asistiendo al club Lanús) no tiene prohibido portar el arma, se le sugiere que no la lleve consigo si no está en servicio. Por ello, Juárez había sido sumariado.
El procedimiento habitual de cada policía afectado a un partido consiste en dirigirse a la Departamental o Comisaría correspondiente y, tras declarar su nombre y número de chapa, firmar, frente a un fiscal, un “acta de desarme”. Con el tiempo, el tema se diluyó, entró en el espiral burocrático de la Justicia y poco más se supo de Juárez.