La guerra entre el Gobierno y la AFA tiene varios capítulos. El que se está llevando a cabo ahora es una de las tantas batallas que se libraron desde que asumió Javier Milei, hace exactamente 10 meses. Solo basta con repasar el desarrollo cronológico de los acontecimientos que tuvieron un alto perfil mediático y bombas judiciales.

Poco tiempos antes del balotaje que condujo al libertario a la Casa Rosada, los clubes se organizaron con una campaña en rechazo a las Sociedades Anónimas Deportivas. El propio Claudio Tapia ya había jugado a favor de Sergio Massa en la campaña durante la presentación del Mundial 2030. Chiqui dijo, lisa y llanamente, que el entonces ministro de Economía sería “el próximo presidente de los argentinos”.

Claudio Chiqui Tapia, en la noche del martes, en el Monumental durante el duelo entre Argentina y Bolivia. Foto: Pedro Lázaro FernandezClaudio Chiqui Tapia, en la noche del martes, en el Monumental durante el duelo entre Argentina y Bolivia. Foto: Pedro Lázaro Fernandez

Milei ganó y se mostró en las elecciones de Boca. Cumplió con la promesa que le había hecho a Mauricio Macri y votó a favor de Andrés Ibarra. No alcanzó con su sufragio; Juan Román Riquelme ganó por amplitud y se convirtió en el nuevo presidente xeneize.

El 20 de diciembre se conoció la inclusión de dos artículos en el DNU 70/2023 que permitían la incorporación de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino. Modificó 13 artículos de la Ley del Deporte y le dio el plazo de un año a las entidades deportivas –entre ellas, la AFA- para adecuar sus estatutos.

Un mes después, la AFA logró trabar los artículos 335 y 345 a través de una presentación de la Liga de Salto en el Juzgado Federal de Mercedes. La resolución fue firmada por el doctor Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, a cargo desde 2020 gracias a un pliego enviado por Alberto Fernández. Integró la primera gestión de la Oficina Anticorrupción (OA) durante el gobierno de Fernando De La Rúa, y trabajó allí entre 1999 y 2005. También fue funcionario de la ANSES durante el gobierno de Cristina Kirchner, donde se desempeñó como director de Asuntos Penales.

La medida, de todos modos, solo tenía alcance en los campeonatos de la ciudad ubicada en el norte del interior de la provincia de Buenos Aires. Una semana después, Daniel Scioli asumió como secretario de Turismo y Deporte y mostró una versión opuesta a sus tiempos con el kirchnerismo: se puso al frente de la campaña a favor de la inclusión de las SAD.

En mayo, el subsecretario de la cartera que encabeza Scioli, dio a conocer el caso del Club Hernández. Julio Garro –de él se trata- alzó la voz porque la Liga de La Plata descalificó a sus equipos juveniles porque en la Asamblea de socios se aceptó el ingreso del formato de SAD. El ex intendente platense, que había llegado de la mano del PRO, fue despedido tras exigirles a Lionel Messi y los jugadores de la Selección Argentina que ofrecieran disculpas por los cantos “racistas” contra Francia, que se viralizaron tras la obtención de la Copa América.

Javier Milei echó a Julio Garro, subsecretario de Deportes.Javier Milei echó a Julio Garro, subsecretario de Deportes.

Paralelamente, Foster Gillet Jr. llegó a la Argentina con ansias de invertir en nuestro fútbol. Juan Sebastián Verón, el primero que le abrió las puertas a los capitales privados, lo recibió en el estadio UNO y están en conversaciones para lograr un acuerdo. Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia, lo criticó públicamente. Scioli invitó a cenar al magnate norteamericano.

En agosto, se reglamentó el ingreso de las SAD al fútbol argentino, medida que comunicó Federico Sturzenegger, a ministro de Desregulación y Transformación. Con ese movimiento, la AFA aprovechó para volver a tocar el timbre del despacho de Tezanos Pinto. Y el juez nuevamente le dio lugar al reclamo, esta vez impulsado por la propia AFA. Fue apenas hace un mes.

Con Talleres reclamando ante la Inspección General de Justicia, la AFA mandó una carta a la FIFA y otra a la Conmebol para que advirtieran las consecuencias negativas de una intervención gubernamental. También, acudió a la Justicia civil para cubrirse legalmente a la hora de la Asamblea. La respuesta de Christian Ricardo Pettis fue que no se verificaba un “caso judicial”.

El fallo de la IGJ abrió un nuevo frente de conflicto. No será el último.



Fuente Clarin

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