La guerra está declarada. Y un nuevo capítulo de la batalla entre el Gobierno y la AFA se librará en los Tribunales con un actor fundamental, Talleres de Córdoba. En ese sentido, su presidente Andrés Fassi hizo una presentación ante la Inspección General de Justicia para suspender la Asamblea del 17 de octubre, donde tenía previsto llevarse a cabo la re-reelección de Claudio Tapia.

La carta está dirigida a Daniel Roque Vitolo, que está a cargo del organismo que depende de la Nación y tiene como objetivo “poner en su conocimiento una situación irregular”. Se refiere a las elecciones de la AFA, que según manifiesta el escrito se realizarán “de manera extemporánea –por prematura – (…), todo de manera inconsulta, antijurídica y violatoria de los propios estatutos y de la ley”.

Tapia adelantó las elecciones un año, presentó una lista única en la que distribuyó los cargos, entre ellos la vicepresidencia para Juan Román Riquelme, entre otros dirigentes. El apuro obedece a la lucha de intereses que existe con Javier Milei y su deseo de abrir el juego para las Sociedades Anónimas Deportivas, una posibilidad que está vigente por el DNU 70/2023, que fue reglamentada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y que tuvo una arremetida de la AFA en la Justicia Federal.

Entre los argumentos que esgrime Talleres, se apunta que “si el mandato, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 35 del Estatuto de AFA, comienza posterior a la celebración de la Asamblea, se estaría cercenando de manera totalmente antijurídica el periodo de vigencia de las autoridades actuales de la Asociación”. Y también señala que “si se respecta el mandato de las actuales autoridades, que vence según lo informado por esta misma entidad en octubre del 2025, se estaría violando la norma estatutaria referida supra”.

En cualquiera de los dos casos, los cordobeses sostienen que, además de las irregularidades, se estaría socavando “la transparencia del sistema democrático”.

El Gobierno de Milei en guerra con Tapia.El Gobierno de Milei en guerra con Tapia.

Fassi, que acompaña la carta con la firma de su hijo Juan Pablo, secretario general del club, dice que la premura de las elecciones impidió “votar otras opciones”.

Y aquí hay un punto clave que también menciona el mandamás de Talleres: “El fútbol argentino, lo que hoy requiere, es un debate entre todos los actores que lo conforman, para definir la visión de hacía donde queremos que vaya, cómo queremos que se desarrolle, anteponiendo los intereses del deporte por sobre los personales”.

El dirigente fue accionista del Grupo Pachuca y forma parte del consorcio mexicano-estadounidense MountainStar Sports Group. Tiene una mentalidad de empresario y aunque la institución que preside no deja de ser una Asociación Civil sin Fines de Lucro, está abierto a los capitales privados. Igual que Juan Sebastián Verón, quien está por cerrar un acuerdo con Foster Gillett Jr., un magnate norteamericano que aportará 100 millones de dólares para infraestructura y refuerzos de Estudiantes. Tapia ya le pasó factura a la Bruja y limpió a Pascual Caiella, vice pincha, de la mesa de las decisiones.

Fassi reiteró palabras que había utilizado tras la eliminación de Talleres ante Boca en la Copa Argentina, cuando Andrés Merlos no advirtió que la pelota había salido de la cancha antes del gol de Brian Aguirre. “Se requiere que se atienda de qué manera se llevará adelante la gobernanza de las instituciones, de qué manera se generarán y/o incrementarán recursos genuinos para los clubes, requiere profesionalización de la gestión, orden administrativo, equidad deportiva, profesionalización del arbitraje, infraestructura de jerarquía y la existencia de Fair Play financiero”.

Por todo esto Talleres pide que se declare la irregularidad, ineficacia e inoponibilidad de la Asamblea, la proclamación de la lista única y que se suspenda el acto del 17 de octubre.

Por este motivo, la AFA ya había intentado mudar administrativamente su sede desde Viamonte 1366 al predio de Ezeiza para dejar de estar a merced de la IGJ y quedar bajo el ala de la Dirección de Personas Jurídicas de La Plata, donde gobierna el kirchnerista Julio Alak y tiene el manto de protección del gobernador Axel Kicillof.



Fuente Clarin

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