El viernes pasado, durante la audiencia por la causa de abuso sexual en la que está acusado, Sebastián Sosa enfrentó un revés. El juez Sebastián Mardiza rechazó la solicitud de autorización presentada por su defensor, Ernesto Baaclini, para permitirle salir del país y firmar un contrato con el club Sporting Miramar Misiones, de la primera división del fútbol uruguayo.
«Considero que se está vulnerando su derecho a trabajar. En Argentina, debido a esta causa, no será contratado. Por esa razón, hemos decidido impugnar el fallo», declaró Baaclini tras la negativa.
No obstante, Sosa podrá retomar su carrera futbolística: recientemente firmó contrato con Deportivo Maipú, equipo que compite en la Primera Nacional. En diez días, Deportivo Maipú visitará a San Martín por la fecha 21 del torneo. El arquero uruguayo firmó contrato hasta diciembre de 2025 con el equipo que actualmente ocupa el séptimo lugar en la zona A.
En esta jornada se sumaron Misael Tarón, el defensor que firmó a préstamo y el arquero Sebastián Sosa, que arregló su vínculo hasta fin del 2025 con el Cruzado.
Este domingo nos reencontramos en la Fortaleza, desde las 15hs 🇾🇪. #SomosMaipu ⚫⚪🔴 pic.twitter.com/gFA43xhVP8
— Club Deportivo Maipú (@Deportivo_Maipu) June 18, 2024
Una joven tucumana había denunciado que en la madrugada del domingo 3 de marzo sufrió un abuso sexual en la concentración de Vélez en nuestra provincia. A partir de esa denuncia, Sosa, uno de los implicados, fue desvinculado del «fortín». Aunque recientemente apareció una oferta de un club uruguayo, su carrera continuará en Cuyo.
Las últimas novedades de la causa
Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín, los cuatro jugadores de Vélez denunciados por abuso.En una audiencia llevada a cabo este viernes, la Justicia de Tucumán decidió escuchar el pedido de los abogados de tres de los cuatro ex jugadores de Vélez, acusados de abuso sexual, y concederles la libertad. José Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio, quienes se encontraban bajo arresto domiciliario en esta provincia, podrán dejar la vivienda en la que estaban alojados en un country en las próximas horas.
La jueza Eliana Gómez Moreira había dictado meses atrás un arresto domiciliario de 90 días para los tres futbolistas; precisamente, el 21 de marzo, un plazo que finalizaba el 18 de junio. Tras varios intentos de sus defensas, que habían sido rechazados previamente, finalmente hoy se les concedió la libertad bajo ciertas condiciones. Los acusados deberán fijar un domicilio en Buenos Aires, presentarse mensualmente en los Tribunales de Tucumán y no podrán abandonar el país sin autorización judicial.
El 3 de marzo, una joven denunció haber sido víctima de un ataque sexual en una habitación del hotel Hilton, ubicado en Tucumán. Los acusados fueron Cufré y Florentín, señalados como autores del abuso agravado por la participación de dos o más personas, y Osorio, acusado de abuso con acceso carnal. Sosa, arquero uruguayo, fue imputado como partícipe secundario y se le permitió seguir el proceso en libertad, con la obligación de presentarse cada quince días en Tucumán.
La denuncia, realizada por una joven periodista, llevó a la intervención de la fiscal Eugenia María Posse, quien posteriormente fue reemplazada por su colega Adriana Reinoso Cuello. La gravedad de las acusaciones y la participación de figuras públicas del ámbito deportivo mantuvieron el caso en la mira de la opinión pública.
Los cuatro imputados debieron pagar una caución de 50 millones de pesos cada uno para asegurar su comparecencia y cumplimiento de las medidas cautelares. Cufré, Osorio y Florentín, tras abonar la suma requerida, fueron sometidos a arresto domiciliario en una residencia particular ubicada en un country desde mediados de marzo. Esta medida fue confirmada por la Justicia en varias ocasiones, denegando los pedidos de libertad de los acusados, hasta este viernes.
La decisión judicial de concederles la libertad no exime a los acusados de responsabilidades ni de la continuidad del proceso legal. Deberán cumplir con estrictas restricciones, incluyendo la obligación de residir en Buenos Aires, presentarse mensualmente en Tucumán y la prohibición de salir del país sin previa autorización. Estas medidas buscan asegurar que los imputados estén disponibles para cualquier diligencia judicial que requiera su presencia.