Es sólo un dato: los integrantes de la Sala D de la Cámara Civil que van a resolver sobre la validez o no de la reelección de Claudio Chiqui Tapia al frente de la AFA fueron nombrados el mismo día por el ex presidente Alberto Fernández, tras una sesión en el Senado donde también se le dio acuerdo al ex abogado de Cristina Kirchner para ser juez de la Cámara Federal.
La sesión del 11 de marzo de 2021 fue especialmente «militante» en el Senado. Mientras nombraban a 22 jueces propuestos por el Poder Ejecutivo que encabezaban Alberto Fernández y Cristina Kirchner, los senadores Anabel Fernández Sagasti, Oscar Parrilli y José Mayans hicieron una fuerte defensa de los nuevos nombramientos en contraposición al «lawfare», la presunta persecución judicial que denunciaban contra Cristina.
En ese manojo de nombramientos ungidos bajo un clima militante, entraron los de los postulantes Gabriel Rolleri y Maximiliano Caia. Ellos serán ahora los dos jueces que resolverán sobre si la asamblea que reeligió a Chiqui Tapia como presidente de la AFA hasta 2028 fue válida o no.
Tapia está en guerra con el gobierno de Javier Milei, para quien la reelección del mandamás de la AFA -adelantada un año por decisión propia- no tiene valor legal.
El juez Rolleri es hoy el único miembro natural de la Sala D, que tiene dos vacantes. Una será cubierta por su colega Caia, de la Sala J. La otra seguirá sin ocupar en esta causa, salvo que ambos magistrados opinen en contrario y entonces haya que desempatar, con lo que se convocaría a un tercer juez de otra sala especialmente para el caso.
La sesión del acuerdo para Rolleri y Caia es especialmente recordada porque allí fue ungido juez de la Cámara Federal el abogado Roberto Boico, defensor de Cristina Kirchner y de Oscar Parrilli en la causa del Pacto con Irán.
Parrilli se indignó en aquella sesión porque la oposición no quería votar a Boico. «Quédense tranquilos que no va a intervenir en ninguna causa de Cristina», decía el senador.
Ya juez, Boico elogió a Cristina y defendió la teoría del lawfare (el relato K sobre la presunta persecución judicial contra ella) en una conferencia pública.
Después, defendió las decisiones del juez Ramos Padilla en la causa armada del Operativo Puf, a través de la cual el kirchnerismo intentó hacer caer la causa de los cuadernos de las coimas.
La foto final de la Asamblea de la AFA donde se reeligió a Tapia.El juez Rolleri es egresado y profesor de la UBA. El decreto de su designación -número 203/2021, del 25 de marzo de 2021- lleva la firma de Alberto Fernández, Santiago Cafiero y Sabina Frederic.
El juez Caia -nombrado por el decreto 202/2021, también del 25 de marzo- benefició a la AFA en diciembre pasado, revocando un fallo que ordenaba embargarle el 10 por ciento de la recaudación de los partidos amistosos por una causa que había iniciado el empresario Guillermo Tofoni.
Tofoni es el presidente de World Eleven, la empresa que tenía un contrato con la AFA para organizarle los amistosos y que terminó en guerra contra Chiqui Tapia por un supuesto incumplimiento de contrato.
La relación se rompió a principios de 2023, cuando la AFA organizó los partidos «homenaje» para los campeones del mundo contra las selecciones de Panamá y Curazao a través de una empresa de Miami, en lugar de hacerlo con la de Tofoni.
La AFA argumentó que el contrato que le daba a Tofoni la potestad sobre esos partidos hasta 2030 había sido firmado por el presidente Tapia y el tesorero Toviggino, pero no por el secretario Víctor Blanco, el presidente de Racing, y que por eso no tenía valor.
Tofoni fue a la justicia, que le dio la razón a la AFA, y ahora milita por la incorporación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al fútbol argentino.
El empresario es apuntalado en esta tarea por la diputada libertaria Juliana Santillán y el secretario de Deportes del gobierno de Milei, Daniel Scioli, con quien se reunió para avanzar sobre el tema de la desregulación del fútbol, que el propio Milei alienta.
El principal argumento de Tofoni, que comparte el gobierno, es que siete de los ocho países campeones del mundo de la FIFA tienen en sus federaciones las Sociedades Anónimas Deportivas, sin que ello signifique una imposición para los clubes sino una alternativa voluntaria.
La lista incluye a los sudamericanos Brasil y Uruguay. Sólo el fútbol argentino impide la posibilidad de aceptar a las SAD.
Ahora, los jueces Rolleri y Caia deberán correr vista a la Inspección General de Justicia (IGJ) para que argumente su posición -la AFA ya lo hizo- y luego resolver, para lo que no tienen plazo.
Si deciden que la asamblea del 17 de octubre tiene validez, Chiqui Tapia será presidente de la AFA hasta 2028, un año más allá del actual mandato de Milei.
Ante esa posibilidad, en la IGJ adelantan que apelarán a la Corte.
«Si resuelven eso, la autoridad administrativa sobre las personas jurídicas privadas (que incluye a 7.000 fundaciones, 27.000 asociaciones civiles y 1,2 millones de sociedades) entra en crisis. Cualquier sociedad podría argumentar cambiar cualquier cosa fuera de los plazos establecidos sin que la IGJ pudiera hacer nada», argumentan desde esa entidad oficial, que depende del Ministerio de Justicia.
Si los jueces resuelven, en cambio, que la asamblea de la AFA fue ilegal, Tapia mantendrá su mandato hasta octubre de 2025, donde debería llamar a una nueva elección.
En medio de la guerra política, una u otra decisión de esos jueces nombrados durante el kirchnerismo será leída como un triunfo de la oposición o del gobierno.
Por las dudas -y acaso para marcar la cancha de antemano-, el también abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, ya salió a defender a Tapia.
